Para lograr sociedades más justas, se debe garantizar un envejecimiento digno por medio de políticas, instituciones y marcos jurídicos sólidos, que garanticen la realización de los derechos, con el máximo nivel de calidad de vida posible, para las personas mayores, sus familias y comunidades, fortaleciendo las relaciones intergeneracionales, plantea un nuevo informe dado a conocer hoy por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).  

El documento Envejecimiento en América Latina y el Caribe: inclusión y derechos de las personas mayores, fue presentado a los países durante la Quinta Conferencia Regional Intergubernamental sobre Envejecimiento y Derechos de las Personas Mayores en América Latina y el Caribe, que se celebra hasta el jueves 15 de diciembre en la sede de la CEPAL en Santiago, Chile.

En el informe se presentan los avances y logros de la región en la implementación del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento en los últimos cinco años (2017-2022), a la vez que se pone el foco en los desafíos y retos pendientes en el cumplimiento de los acuerdos regionales sobre el tema.

El reporte entrega un panorama sobre el envejecimiento y las tendencias demográficas en la región. Confirma que el envejecimiento poblacional es uno de los principales fenómenos demográficos en América Latina y el Caribe y precisa que en 2022 viven 88,6 millones de personas mayores de 60 años en la región, quienes representan el 13,4% de la población total, proporción que llegará al 16,5% en 2030. El rápido proceso de envejecimiento que experimenta la región llevará a que, en 2050, las personas mayores alcancen el 25,1% (193 millones) de la población total, es decir, habrá 2,1 veces más personas mayores que en 2022.

Asimismo, la esperanza de vida para ambos sexos ha aumentado de 48,6 años en 1950 a 75,1 años en 2019. Pese al retroceso de 2,9 años en 2021 respecto de 2019 por el impacto de la pandemia de COVID-19, se espera que la esperanza de vida continúe aumentando en el futuro y llegue a 77,2 años en 2030.

“El envejecimiento es un asunto de la más alta prioridad, que requiere acciones urgentes en varias esferas, para visibilizarlo y considerarlo desde las perspectivas de derechos humanos, género, interculturalidad e interseccionalidad, poniendo la protección de los derechos de las personas mayores en el centro de las respuestas de política pública, e incorporando la visión y los compromisos que emanan de los instrumentos y acuerdos internacionales y regionales en la materia”, afirma José Manuel Salazar-Xirinachs, Secretario Ejecutivo de la CEPAL, en el prólogo del documento.

El reporte agrega que América Latina y el Caribe pasó de ser una sociedad joven a ser una sociedad adulta joven en 2021 y se espera que en 2053 pasará a ser una sociedad envejecida: el grupo de personas de 60 años y más superará en volumen a todos los demás grupos etarios.

“Este fenómeno traerá consigo enormes repercusiones en las políticas públicas, por lo que se requiere planificación a mediano y largo plazo respecto a las políticas de trabajo, salud, protección social y cuidados, entre otras”, destaca.

El documento subraya que la implementación del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento ha tenido lugar en un contexto mundial y regional de profundos cambios sociales, económicos, políticos, climáticos y tecnológicos. En el caso de América Latina y el Caribe, además, se ha dado en un escenario de profunda desigualdad en diferentes dimensiones, altos niveles de pobreza y debilidad de los sistemas de protección social y de salud. Junto con ello, la región ha vivido los devastadores efectos de la pandemia de COVID-19, que ha puesto aún más en evidencia las desigualdades socioeconómicas y de acceso a los servicios de salud y protección social que atañen a los grupos más vulnerables de la población, como el de las personas mayores.

En materia de desafíos de cobertura de protección social de las personas mayores, el documento señala que 25 países de la región cuentan con pensiones no contributivas para la vejez. Agrega que, en 2020, en 13 países de América Latina, las pensiones mitigaron un aumento de 34,9 puntos porcentuales en la pobreza y de 22,9 puntos porcentuales en la pobreza extrema. En el Caribe, en tanto, en siete países, menos del 50% de la población en edad legal de retiro cuenta con pensión contributiva o no contributiva. En el caso de Haití la cobertura alcanza el 0,4%.

El documento analiza el fomento de la salud y el bienestar en la vejez, y se detalla los avances y desafíos de la región en materia de políticas de atención de la salud de las personas mayores. Asimismo, examina el cumplimiento del derecho de las personas mayores a vivir en entornos que realcen sus capacidades y propicien su participación y autonomía.

El reporte dedica un capítulo al derecho al cuidado de las personas mayores y enfatiza que el cuidado es tema central para la vida y el desarrollo y atraviesa transversalmente todas las orientaciones prioritarias del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento.

Finalmente, insta a incluir el envejecimiento en las agendas de gobierno, fortalecer los marcos jurídicos nacionales de protección de las personas mayores, universalizar el acceso de las personas mayores a la protección social, los servicios de salud y el cuidado y proveer educación a lo largo de la vida, cerrar la brecha digital, y mejorar el acceso a servicios básicos.

El informe recomienda también superar la discriminación por edad, especialmente en el mercado laboral; reforzar los mecanismos de recolección de información sociodemográfica desagregada por edad, sexo, pertenencia étnico-racial, morbilidad y condición de discapacidad, y ampliar la participación de las personas mayores en desarrollo de políticas públicas.